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Sale adelante el Proyecto del Ministerio de Sanidad

Último trámite para el cambio del catálogo y la prestación ortoprotésica en toda España El miércoles 16 de septiembre el Ministerio de Sanidad nos remitió el proyecto de Orden Ministerial que cambiará la prestación pública que cubre los servicios de […]

Último trámite para el cambio del catálogo y la prestación ortoprotésica en toda España

El miércoles 16 de septiembre el Ministerio de Sanidad nos remitió el proyecto de Orden Ministerial que cambiará la prestación pública que cubre los servicios de ortopedia. Es el último trámite, el de audiencia a los afectados, antes de que entre en vigor y sea obligatoria para todas las Comunidades Autónomas y mutualidades de funcionarios.

La Orden marca qué tipos de sillas de ruedas, órtesis, ortoprótesis especiales (y en breve también prótesis externas, que se prevé publicar a continuación) pueden entrar en el catálogo de la cartera pública de servicios. Establece que el criterio por el que un paciente recibirá o no financiación pública para sus necesidades es el IMF (importe Máximo de Financiación).

Este conflictivo concepto es el centro del problema. Ningún producto que cueste más que el IMF que ha decidido asignar arbitrariamente el Ministerio podrá incluirse en la oferta pública. Además, el Ministerio se reserva el derecho a modificar unilateralmente los IMF cada año. Actualmente, el sector calcula que con los IMF que se han asignado en la Orden quedarán fuera al menos el 40% de los productos existentes en el mercado español, en general los productos más innovadores y de mayores prestaciones.

Si un paciente quiere continuar utilizando unos productos de calidad media-alta, o seguir la recomendación libre de su ortopeda, y esos productos no están incluidos por su IMF, la única opción que deja la Orden Ministerial es que se la pague enteramente de su bolsillo.

Además, la Orden fija los márgenes comerciales de todos los establecimientos de ortopedia, interviniendo en el precio de un sector de libre mercado que no cuenta con ninguna protección o regulación pública.

Las Comunidades Autónomas reciben ahora la patata caliente: deben decidir si se ciñen a ese catálogo, si están dispuestas a ampliar los productos incluidos con presupuestos propios o si, por último, amplian su catálogo autonómico regulando la posibilidad de que los usuarios elijan y paguen el producto prescrito libremente y reciban al menos la parte de financiación pública correspondiente al IMF que impone el Ministerio.

Por último, otro aspecto que regula la orden es el período de renovación de los productos, que sorprendentemente supera en muchos casos las recomendaciones clínicas o técnicas de los fabricantes.

La consecuencia de esta Orden Ministerial es que el usuario va a ver mermada su prestación en calidad y financiación, el prescriptor médico pierde libertad, se desincentiva la investigación y desarrollo y  los establecimientos de ortopedia se ven abocados a una masiva desaparición.

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