La ortopedia responde al recorte drástico de la prestación ortoprotésica

Ortopedias y colectivos de usuarios tienen quince días para manifestar sus alegaciones

La Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP) asegura que su sector está viviendo estos días “la semana más trágica de su historia“. La publicación el pasado martes, 15 de septiembre, de la Orden Ministerial en la que se cambia “radicalmente” la prestación de prótesis a los pacientes del Sistema Nacional de Salud (SNS) va a suponer, asegura la patronal, un retroceso “de más de 25 años en el sector de la ortopedia”.

En este contexto, “se está engañando al paciente, ya que se ha publicado un catálogo en el que ni siquiera se respetan los años que cubre la garantía de cada producto”, según advirtió el presidente de la patronal, Luis Gallego, tras asistir a una reunión de la directiva del sector que tuvo lugar en Gijón con motivo de la celebración de SEPTOR 2015 (Seminario Europeo Práctico de Técnicas Ortoprotésicas), que del 17 al 19 de septiembre se está llevando a cabo en la ciudad.

Con esta publicación ministerial, los peores augurios de los profesionales de la ortopedia se han cumplido. “Se va a ir a pique la ortopedia y tendrán que bajar la persiana más de la mitad de los negocios que viven de esto, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo“, alertó Gallego. “España contará, por culpa de los planes de Sanidad, con menos medios que otros socios de la Unión Europea. Pretenden que se usen durante cinco años sillas de ruedas que sólo tienen garantía durante dos años”, argumentó el responsable de FEDOP.

Más de tres millones de personas afectadas

Según los datos que maneja el sector, cuatro de cada diez aparatos ortopédicos quedarán a partir de ahora fuera de la financiación pública, mientras que desde la federación se asegura que más de tres millones de personas en España necesitan estos tratamientos.

FEDOP acusa a Sanidad de no hacer caso a los profesionales y de ignorar la opinión de los pacientes a la hora de elaborar un listado de productos con el que las comunidades autónomas tendrán que elaborar sus propios catálogos.

Gallego reconoció que en un primer momento la patronal confió en los planes del Gobierno, que pasaban por actualizar un catálogo con 30 años de vigencia. “Querían ofrecer al ciudadano una cartera de servicios que unificara lo que se ofrece a los pacientes vivan donde vivan. En principio nos pareció una buena idea y creíamos en los grupos de trabajo que se crearon, pero poco después nos dimos cuenta de que se anteponía el dinero a la calidad de los productos“, criticó el presidente de FEDOP.

Cierre de las ortopedias españolas y concentración frente al Ministerio

Entre las acciones que la entidad representante de las ortopedias está estudiando, destacan las alegaciones y la queja formal al Ministerio de Sanidad, el cierre de todas las ortopedias durante una o varias jornadas y la concentración frente a dicho ministerio. Asimismo, FEDOP se encuentra actualmente inmersa en el lanzamiento de la campaña “Enseña la Amarilla”, con el objetivo de concienciar de la importancia de esta iniciativa.

Cabe recordar que antes de verano el Gobierno prometió para esta legislatura el nuevo catálogo ortoprotésico. El sector, crítico con un Ministerio de Sanidad con el que lleva negociando tres años tras los cuales se ha sentido engañado, no pierde la esperanza de que el Ejecutivo recupere el sentido común.

En definitiva, la consecuencia de esta Orden Ministerial es que el usuario va a ver mermada su prestación en calidad y financiación, mientras que el prescriptor médico pierde libertad; por otra parte, se desincentiva claramente la I+D. Todo esto añadido al drama que supondrá para los establecimientos de ortopedia, que pueden verse abocados a una masiva desaparición.

El gasto público de la prestación ortoprotésica se ha cifrado en 145 millones en 2012 y en 139 en 2013. Ortesis, sillas de ruedas y ortoprótesis especiales representarían el 78% del gasto de prestación suplementaria, lo que supondrá al SNS un gasto de 110 millones anuales, según refleja la memoria económica del documento ministerial.