La Ortopedia pide endurecer la venta online con más inspecciones sanitarias
4 de abril, 2022
Los productos ortoprotésicos, como bienes sanitarios que son deben dispensarse en establecimientos autorizados que garanticen el adecuado almacenamiento y conservación de los mismos, según marca la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Además, es imprescindible la figura del […]
Los productos ortoprotésicos, como bienes sanitarios que son deben dispensarse en establecimientos autorizados que garanticen el adecuado almacenamiento y conservación de los mismos, según marca la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Además, es imprescindible la figura del técnico ortoprotésico, el profesional sanitario encargado de su adaptación y ajuste, teniendo en cuenta las necesidades, patologías y dolencias de cada persona, algo que defiende la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que la venta online no proporciona.
Así es como un paciente va a contar con todas las garantías, tanto para su salud como para realizar el uso del servicio postventa y para poder acceder a las subvenciones del Sistema Nacional de Salud.
Adquirir estos productos en Internet conlleva graves riesgos porque no reciben un tratamiento seguro de acuerdo a sus patologías. Además, se pueden encontrar con productos de baja calidad, en malas condiciones o que no cumplen con las condiciones legales exigidas. De hecho, muchas ortopedias han recibido a usuarios que han tenido problemas técnicos con productos que han comprado en plataformas o marketplaces, y se han visto desamparados al no tener disponible el servicio de un profesional.
Ya existe el Real Decreto Legislativo 1/2015 que indica que la venta en internet de productos sanitarios que estén sujetos a prescripción está totalmente prohibida. De incurrir en esta ilegalidad, la sanción oscila entre los 30.0001 euros hasta los 90.000 euros. Aunque, en muchas ocasiones no se cumple y no se produce esa sanción, mientras que las ortopedias sí cuentan con todos los requisitos legales y licencias correspondientes.
En este sentido la Federación Española de Ortesistas Protesistas (FEDOP) defiende que las administraciones públicas no financien los productos de la cartera de servicios que hayan sido adquiridos fuera de los establecimientos sanitarios autorizados, como ocurre con los medicamentos. “Es necesario que se apliquen las normas en vigor y perseguir a las páginas web que venden productos ortoprotésicos sin cumplirlas”, señalan.
Tampoco se entiende que los pacientes del SNS tengan protección y otros que lo hagan por su cuenta no, porque la finalidad y el uso del producto es la misma, es decir, tendría que prohibirse en todas sus vertientes para que el usuario no resulte perjudicado.
Por supuesto este problema perjudica a la imagen de la profesión, así como a la salud de los usuarios. El sector de la Ortopedia tiene que reconocerse como un servicio asistencial y no como una mera mercancía. Este es un hándicap más que se une a las dificultades actuales que sufre el gremio, como la subida del precio de materias primas, suministros energéticos o la limitación de los IMF (importes máximos de financiación), que tendrían que tener en cuenta el actual nivel de vida.
