No podemos hablar de universalidad en la sanidad sin haber garantizado la equidad de las prestaciones sanitarias
30 de mayo de 2024
Señalan que la normativa podría incrementar el turismo sanitario o generar trabas en la colaboración público-privada El proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) sigue su andadura y tras pasar por el Consejo de Ministros, también ha […]
Señalan que la normativa podría incrementar el turismo sanitario o generar trabas en la colaboración público-privada
El proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) sigue su andadura y tras pasar por el Consejo de Ministros, también ha recibido el visto bueno del Congreso de los Diputados. Sin embargo, aquellos a quienes va a afectar miran con lupa cuáles serían las consecuencias. Desde la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop) aclaran que «no se puede hablar de universalidad en la sanidad sin haber garantizado equidad de las prestaciones sanitarias«.
Concretamente, este proyecto de ley modifica, entre otros, el artículo 8 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS, que hace referencia a la Cartera Común de Servicios del SNS, y establece en su punto 4 que «la prestación de estos servicios se hará de forma que se garantice la máxima calidad y seguridad en su prestación, así como las condiciones de accesibilidad y equidad para toda la población cubierta y el derecho a la participación en salud».
«La realidad es que este mandato no viene cumpliendo en el caso del acceso las prestaciones ortoprotésicas a las que tienen derecho los ciudadanos, tal y como ha denunciado la federación reiteradamente», indican fuentes de Fedop. En esta línea, desde la federación que preside Pablo Pérez consideran que la universalidad de la sanidad no puede entenderse sin haber garantizado de antemano la equidad entre los ciudadanos de este país. Además de otras cuestiones que puede ocasionar la aprobación de esta ley como «un posible repunte del turismo sanitario o trabas a la colaboración público-privada que podrían afectar a la prestación ortoprotésica».
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