Por ello, el sector ha expresado su «más firme desacuerdo» con un catálogo que, a su opinión, deja fuera a una parte «importante» de la población española y no representa las posibilidades y prácticas actuales del área, además de señalar el mal tiempo político para una propuesta de este calibre.

«Consideramos que esta clasificación es irrespetuosa con los profesionales que se han esforzado durante años en encontrar soluciones y lo que es aún más grave, con los usuarios que requieren de estos tratamientos para su día a día», ha asegurado la secretaria general técnica de la Federación, Verónica Hernández.

Asimismo, el sector ha mostrado su intención de poner el acento en «la escasa» atención que en su opinión han prestado los diferentes grupos políticos a este asunto en medio de un periodo con un gobierno en funciones. «Sería prudente no tratar de cerrar aceleradamente este proceso antes de que tome posesión un ejecutivo definitivo, con el fin de que pueda hacer suya esta propuesta y responsabilizarse de liderar el procedimiento que a nivel autonómico y económico debe seguir a continuación», ha defendido la portavoz.

Además, ha denunciado denuncia que este catálogo viene a confirmar que la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud vuelve a ponerse en peligro una vez más. «No estamos delante de un mecanismo de solidaridad sino de un instrumento diferenciador entre comunidades autónomas. Una vez más pone en evidencia las notables desigualdades entre autonomías vecinas con las que volverán a salir perjudicados los ciudadanos», ha recalcado Hernández.

Y es que, dos de cada 1.000 personas en España han sufrido algún tipo de amputación, siendo la diabetes la principal causa en un 70 por ciento de los casos, seguida de enfermedades cardiovasculares y de traumatismos, el 37 por ciento en estos últimos, debidos a accidentes de tráfico. En este sentido, la experta ha advertido de que los tipos de productos recogidos dejan sin el tratamiento «óptimo» a la mayor parte de usuarios con amputación o agenesias. Un hecho que, a su entender y desde el punto de vista sanitario y social, no se debe «de tolerar».

«La inclusión social de las personas con discapacidad debe de ser un factor primordial en la descripción de las categorías de productos en este catálogo», ha recordado, para instar al Gobierno a que reconozca que en el mundo de la ortopedia «no existe una receta única», sino soluciones muy diversas y adaptadas a la situación de cada persona.

De hecho, Hernández considera imperativo para los expertos técnicos, que en España se sigan las indicaciones del estándar internacional de aplicación en ortopedia que establece una valoración del paciente en cuatro grados en distintas características personales.

«España posee un nivel de calidad reconocido en el sector de la ortopedia a escala internacional y no debemos perderlo. No podemos volver a la ortopedia de los años 60 en nuestro país», ha apostillado el presidente de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (AFDO), Esteban Junquera.

Y es que, FEDOP ha pedido en reiteradas ocasiones tanto al Ministerio de Sanidad como a los partidos políticos, que impulsaran una mesa de trabajo con representantes formales de los colectivos de médicos traumatólogos, rehabilitadores, cirujanos vasculares, fisioterapeutas y psicólogos, además de técnicos ortoprotésicos y de la diversidad de colectivos de usuarios afectados.

Por ello, el sector ha reiterado que la reforma de esta prestación ha de recoger debidamente aquellos tratamientos que respondan mejor a las necesidades de cada usuario y no sólo los que el Ministerio considere posibles de financiar al cien por cien en este momento.

«Nos negamos a participar en una subasta de derechos y en una guerra de precios porque para nosotros lo más importante son las personas. Como sector empresarial, estamos dispuestos a negociar soluciones con el Ministerio para que la prestación sea viable desde el punto de vista económico, pero esta discusión será ajena a que el paciente reciba su tratamiento», ha zanjado Hernández.

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