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El Congreso debate limitar a 90 días máximo el plazo de pago a ortopedias

10 de marzo, 2022

El Congreso abordará una proposición no de ley de Vox destinada, entre otros efectos, a fijar un límite de entre 30 y 90 días para que las administraciones abonen a las ortopedias el importe de las prestaciones prestadas a sus pacientes, así como a […]

El Congreso abordará una proposición no de ley de Vox destinada, entre otros efectos, a fijar un límite de entre 30 y 90 días para que las administraciones abonen a las ortopedias el importe de las prestaciones prestadas a sus pacientes, así como a establecer una “revisión anual” de los catálogos de este tipo de productos para adecuar precios.

Son algunas de las propuestas que han puesto sobre la mesa los diputados de Vox, entre ellos su responsable de sanidad, Juan Luis Steegmann. La formación ‘verde’ apela a la necesidad de afrontar el “reto” del sistema de reintegro a las ortopedias, que padecen “demoras que hacen difícil su supervivencia”.

En su proposición no de ley relativa al sector de la Ortopedia, los dirigentes de Vox recuerdan que en España existen dos modelos de financiación a este tipo de negocios: el que siguen Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco y Castilla La Mancha, que abonan a las ortopedias el importe de la prestación mediante concierto (pago directo); y la del resto de regiones, que se sirven del reintegro de gastos.

“Los costes de los productos por lo general son muy elevados, y el tiempo de reintegro es muy diferente entre regiones”, apunta la formación liderada por Santiago Abascal. Una situación que, añade, “pone en peligro la viabilidad de estas empresas, que normalmente son pequeños negocios que no tienen un remanente suficiente para esperar unos pagos que se demoran en exceso”. “Además, estos no tienen los mismos derechos según la región donde desarrollen su actividad profesional, originándose así grandes inequidades”, añade.

En este escenario, Vox ha registrado en la Cámara Baja una batería de medidas enfocadas, en primer lugar, a “remover los agravios comparativos entre españoles” ocasionado por su lugar de residencia para facilitar “el acceso igualitario” a los productos del catálogo común de prótesis externos de miembro superior e inferior. Paralelamente, apuesta por fijar “un límite temporal máximo de 30, 60 o 90 días”, según los productos correspondientes, para abonar a estos negocios sus retribuciones.

Actualización de la Cartera de Servicios Comunes

La formación ‘verde’ destaca a su vez la necesidad de actualizar la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud “dando debida audiencia a los colectivos de usuarios y a los representantes del sector ortoprotésico”, así como iniciar los trámites para “dotar de una mejor estructura a la prestación” del sector.

En esta línea, aboga por establecer una “revisión anual de los catálogos” de productos ortoprotésicos y “la adecuación de manera continua a las nuevas tecnologías y precios”.

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