8 de julio de 2026
La Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP), organización que representa al sector profesional de la ortopedia en nuestro país, advierte de que la incorporación de productos ortoprotésicos reutilizados a la prestación pública puede comprometer la seguridad clínica, la personalización de los […]
La Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP), organización que representa al sector profesional de la ortopedia en nuestro país, advierte de que la incorporación de productos ortoprotésicos reutilizados a la prestación pública puede comprometer la seguridad clínica, la personalización de los tratamientos y la equidad en el acceso a una prestación sanitaria que forma parte de la cartera común del Sistema Nacional de Salud.
Ante iniciativas de reutilización de productos ya implantadas en algunas comunidades autónomas, FEDOP considera importante recordar que un producto ortoprotésico no es un elemento estandarizado, sino una prestación sanitaria que requiere valoración clínica, adaptación individual, seguimiento y la intervención de profesionales especializados para responder a las necesidades funcionales de cada persona. Asimismo, advierte de que muchos productos ortoprotésicos están diseñados o adaptados específicamente para un usuario concreto, por lo que su reutilización plantea interrogantes sobre la trazabilidad, el estado del dispositivo y su adecuación a las necesidades clínicas del nuevo paciente.
Pacientes de primera y de segunda
El sector de la ortopedia alerta asimismo de que la implantación de circuitos de reutilización dentro de la prestación pública genera una diferencia injustificada entre usuarios, dado que algunos pacientes acceden a productos nuevos e individualizados conforme a la prescripción sanitaria, mientras que otros reciben dispositivos previamente utilizados, una diferencia que afecta directamente a los principios de igualdad y equidad que inspiran el Sistema Nacional de Salud. “Una prestación sanitaria pública no puede crear diferencias entre pacientes ni reducir las garantías de quienes necesitan mayor protección por su situación de dependencia, discapacidad o limitación funcional”, señala Pablo Pérez Aragundi, presidente de FEDOP.
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